Carolina Fonseca
Santiago de Chile encara una jornada electoral que cierra una campaña inusualmente concentrada en un solo tema: la seguridad. Los asesinatos, los secuestros y el avance del crimen organizado desplazaron casi por completo las discusiones tradicionales sobre pensiones, salud o educación. En este contexto, las encuestas anticipan un voto de castigo al oficialismo y muestran en ventaja a los candidatos de derecha, mientras la sociedad chilena manifiesta niveles de temor y desconfianza que el país no registraba desde hace décadas.
La seguridad domina la agenda pública
Chile exhibe hoy tasas de homicidios que, sin ser extremas en la comparación regional, duplican las de hace diez años. El informe nacional de víctimas de homicidios consumados para 2024 señala una tasa cercana a 6,0 por cada 100.000 habitantes, frente al 3,0 registrado a comienzos de la década pasada. La expansión de bandas transnacionales, el aumento del uso de armas de fuego y delitos antes poco frecuentes —como los secuestros extorsivos— configuraron un escenario nuevo para la sociedad chilena.
La administración de Gabriel Boric debió incorporar la seguridad entre sus prioridades pese a haber llegado al poder con una agenda centrada en reformas sociales. La cartera de Interior, hoy en manos de Carolina Tohá, impulsó leyes contra el crimen organizado y reforzó la presencia del Estado en zonas críticas. Sin embargo, la percepción ciudadana sigue marcada por la sensación de pérdida de control y por una narrativa política en la que la delincuencia aparece como síntoma de un deterioro más amplio del orden social.
Analistas y centros de estudio advierten que la combinación de crecimiento económico modesto, informalidad laboral en aumento y presión migratoria sobre los servicios urbanos alimenta un clima de malestar que favorece propuestas de “mano dura”. Chile se suma así a una tendencia regional en la que la seguridad desplaza a otros temas como principal factor de decisión electoral.
Los principales aspirantes y sus bloques
En este contexto, la competencia presidencial se organiza en torno a tres polos. Por un lado, la candidata oficialista Jeannette Jara, militante comunista y exministra de Trabajo en el gobierno de Boric, busca retener La Moneda con un discurso que combina continuidad social y reformas graduales en seguridad. Jara ha debido responder a una agenda que históricamente no pertenecía a su espacio y promueve fortalecer la coordinación policial, mejorar la inteligencia criminal y abordar las causas sociales de la violencia.
En el extremo opuesto se ubica José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, quien representa a la derecha más dura. Kast propone aumentar el gasto en defensa y seguridad, endurecer penas, restringir la migración irregular y ampliar las facultades de las fuerzas de orden. Su campaña insiste en que “sin orden no hay crecimiento” y se presenta como garante de estabilidad para inversionistas y empresarios inquietos por la conflictividad social de los últimos años.
Completa el cuadro la derecha tradicional, representada por Evelyn Matthei, actual alcaldesa de Providencia. Con un discurso más moderado que Kast, Matthei combina promesas de disciplina fiscal, estímulo a la inversión privada y reformas institucionales para modernizar la justicia penal. En su entorno se sostiene que Chile debe recuperar “certezas” para que el país vuelva a ser un destino atractivo para capitales de largo plazo.
Economía, modelo social y reformas en juego
Aunque la seguridad domina los titulares, la elección definirá también el rumbo económico de la próxima década. El crecimiento se mantiene en torno a niveles bajos y la inversión privada aún acusa el impacto de la incertidumbre regulatoria derivada del fallido proceso constituyente. La discusión sobre el sistema de pensiones, la reforma tributaria y el papel del Estado en sectores estratégicos permanece abierta.
Jara plantea revisar gradualmente el sistema previsional, avanzar en una mayor progresividad tributaria y consolidar la red de protección social construida durante la pandemia. Sus críticos señalan que un aumento de la carga impositiva podría frenar la inversión y postergar la recuperación del mercado laboral.
Kast y Matthei, con matices, proponen reducir impuestos a la inversión, flexibilizar regulaciones y revisar parte de las reformas laborales aprobadas en los últimos años. Plantean que la prioridad debe ser recuperar dinamismo, con un énfasis mayor en la minería del cobre y el desarrollo de la cadena de valor del litio, donde Chile compite con Argentina y otros productores.
Para el sector empresarial, el resultado de la elección será central para definir estrategias de inversión, especialmente en infraestructura, energía y proyectos asociados a la transición verde. Una presidencia afín a la derecha podría acelerar privatizaciones parciales y desregulación; un triunfo del oficialismo consolidaría un esquema de mayor presencia estatal, aunque dentro de los márgenes de la disciplina macroeconómica que Chile mantiene desde los años noventa.
Implicancias regionales y señales a los mercados
El desenlace de la elección chilena tendrá eco en la política latinoamericana. Un eventual avance de Kast fortalecería el eje de gobiernos conservadores que priorizan la seguridad y la estabilidad macroeconómica sobre las reformas sociales, en línea con experiencias recientes en El Salvador o, con matices, en Ecuador. Un triunfo de Jara, en cambio, sería leído como la capacidad de las fuerzas progresistas de adaptarse a la agenda de orden sin abandonar su programa social.
Para los mercados financieros, Chile sigue siendo un emisor confiable, con deuda pública moderada y un banco central autónomo. Sin embargo, la volatilidad política de los últimos años y el aumento de la prima de riesgo muestran que el “caso chileno” dejó atrás la imagen de estabilidad incuestionable. Las propuestas concretas en materia de seguridad —desde el control del crimen organizado hasta la gestión de la migración— son observadas como indicadores de previsibilidad institucional.
La primera vuelta presidencial pondrá a prueba estas tensiones. Más allá de quién pase al balotaje, la campaña ya dejó una conclusión: la lucha contra el crimen se consolidó como el nuevo eje ordenador de la política chilena. Y, con ella, se redefine el contrato entre Estado, mercado y ciudadanía en uno de los países históricamente más estables de la región.
