Carolina Fonseca
Aunque formalmente se trata de una consulta con varias preguntas —entre ellas la autorización para instalar bases militares extranjeras y la convocatoria a una nueva Constitución—, el referendo debe entenderse como parte de un proyecto más amplio. La convocatoria busca conferir al gobierno de Noboa poderes reforzados y construir un marco jurídico funcional a la lógica de la “seguridad” militarizada y del neoliberalismo. En otras palabras, el referendo no es un mecanismo de participación popular, sino un mecanismo de blindaje de un proyecto de poder autoritario, que busca legitimarse a través de una consulta bajo un clima de miedo y de militarización.
En ese sentido el referendo es un paso decisivo en la profundización del proyecto capitalista neoliberal, autoritario y proimperialista del gobierno de Daniel Noboa. Es el intento de amarrar legalmente una política basada en la represión, la subordinación a Estados Unidos, la militarización de la vida social y el desmantelamiento de derechos conquistados.
Las preguntas del referendo no son anodinas. Son los eslabones de una cadena destinada a amarrar al pueblo ecuatoriano a los designios del Fondo Monetario Internacional (FMI), de Washington y de las derechas más cavernarias del continente, como el gobierno de Javier Milei en Argentina. La pregunta sobre la presencia de bases militares estadounidenses es la más simbólica y gravemente regresiva, una renuncia explícita a un principio de soberanía. Otras preguntas del referendo buscan consolidar la permanente presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, un rol que las convierte en un ejército de ocupación dentro de sus propias fronteras, listo para reprimir al pueblo cuando se levante contra las políticas que lo empobrecen.
En el referendo también está la propuesta de convocar una “Asamblea Constituyente” que no apunta a ampliar derechos ni a enfrentar las desigualdades estructurales de Ecuador. Su objetivo es facilitar políticas de ajuste permanente, la apertura del camino a una política dominada por élites económicas— y reducir el número de representantes elegidos a órganos legislativos. Todo ello configura un proceso donde el Ejecutivo concentra más poder. Es una Constitución pensada para administrar un país como empresa privada, donde los derechos laborales, sociales, colectivos, ambientales e indígenas serían obstáculos para el extractivismo profundo que se pretende impulsar. Noboa busca pavimentar el camino para imponer sin resistencia el plan del Fondo Monetario Internacional (FMI) que tiene bajo el brazo.
La “seguridad” como coartada: militarización, bases extranjeras y la sombra del imperialismo
La pregunta central de este referendo es la que abre las puertas al regreso de bases militares de Estados Unidos y la presencia de tropas extranjeras en territorio ecuatoriano. Noboa, el heredero de una de las fortunas más oscuras y poderosas del país, enarbola la bandera de la “guerra contra el narcotráfico” como el justificativo perfecto para su alineamiento servil con el imperialismo.
El discurso del gobierno es claro: las bases militares serían necesarias para enfrentar al “narcoterrorismo”. Pero esa narrativa —que reproduce casi palabra por palabra el libreto estadounidense— justifica un doble movimiento: hacia adentro, el fortalecimiento del Estado policial y la militarización de la vida cotidiana; hacia afuera, la entrega de soberanía a una potencia imperialista que ha intervenido históricamente en la región bajo la excusa de combatir el crimen.
Noboa busca convertir a Ecuador en una plataforma logística y militar de la política exterior estadounidense, al más puro estilo del viejo Plan Colombia. La historia reciente es lapidaria. Ecuador ya sufrió la presencia de una base estadounidense en Manta, que, bajo la coartada del control de drogas, fue un centro neurálgico para la inteligencia y el control militar de la región andina y el Pacífico.
La experiencia reciente demuestra que allí donde se instalan bases estadounidenses: se amplía la injerencia política, se facilitan operaciones encubiertas, se condicionan decisiones soberanas y se refuerzan intereses extractivos y geoestratégicos. En realidad, la colocación de bases militares se vincula más a la disputa geopolítica en el continente que a algún tipo de seguridad para el pueblo. Es una pieza en el ajedrez de Estados Unidos. Noboa se ubica, así, en el eje regional de las nuevas derechas: Milei en Argentina, el uribismo en Colombia, sectores conservadores en Brasil, Bukele en El Salvador y la estrategia de seguridad hemisférica impulsada por Washington.
Es la misma doctrina que ha servido a Washington durante décadas para mantener su hegemonía en la región, justificar intervenciones, financiar ejércitos lacayos y, en la práctica, preparar el terreno para agresiones directas contra gobiernos que se oponen a sus designios. Pero también, una política que tiene ramificaciones en la política interna de los países de América Latina, y habilita acciones militares que, con la excusa del “narco”, disciplinan a los sectores populares y oprimidos. Algo de esto se vio en la masacre de Río de Janeiro, donde el gobernador bolsonarista Claudio Castro hizo una acción espectacular de la policía que terminó en una masacre de civiles, la mayoría de ellos negros y pobres. Y es lo que se vio con la represión de Noboa a las protestas de septiembre.
El ajuste capitalista neoliberal y la represión como norma
El gobierno de Noboa no viene de la nada. Recientemente, acabamos de ser testigos de su verdadero carácter cuando, en las últimas semanas, reprimió violentamente las protestas y paros convocados por sectores indígenas, campesinos y populares en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y otras medidas de ajuste fiscal. La respuesta: gases lacrimógenos, la criminalización, la detención arbitraria de dirigentes sociales y asesinatos de luchadores.
Por eso la consulta no puede separarse de la oleada de protestas de los últimos meses. No se puede imponer la eliminación de subsidios, la flexibilización laboral y los recortes sociales —exigidos por el FMI— sin antes preparar el aparato coercitivo del Estado para aplastar la inevitable resistencia. En septiembre, el gobierno eliminó el subsidio al diésel, una medida central exigida por el FMI para equilibrar las finanzas públicas. Esa decisión golpeó duramente a la clase trabajadora, a las comunidades campesinas, transportistas e indígenas, que dependen de los combustibles subsidiados para sostener sus medios de vida.
La respuesta popular fue inmediata: desde las organizaciones indígenas, populares, trabajadores y la juventud, se impuso una gran lucha nacional que paralizó buena parte del país. Frente a ello, Noboa decidió apostar por la fuerza: decretó estado de excepción, envió tropas a las calles, detuvo a manifestantes, reprimió movilizaciones y dejó víctimas fatales. La misma lógica de “guerra interna” que dice usar contra el narcotráfico fue desplegada contra quienes se atrevían a protestar por sus condiciones de vida.
Este antecedente inmediato deja claro que el referendo se desarrolla en un contexto de miedo, criminalización y violencia estatal. Es, por tanto, un mecanismo impuesto desde arriba que busca convertir la fuerza bruta en legitimación política y legal.
La movilización independiente y la autoorganización desde abajo
Aunque el clima represivo ha dificultado la organización abierta, las organizaciones indígenas, las federaciones de trabajadores, colectivos feministas, ambientalistas y sectores de izquierda han denunciado la consulta como un intento de entregar la soberanía y de consolidar un gobierno autoritario al servicio del capital transnacional y del imperialismo.
Pero esta resistencia enfrenta límites si no se articula en una estrategia política independiente de las variantes reformistas o institucionalistas que buscan simplemente negociar cuotas de poder dentro de un sistema que tiende cada vez más a cerrarse. Es necesario sacar las lecciones de las luchas más recientes, como las que se libraron en octubre del 2019 contra Lenín Moreno, que en el momento más álgido y a punto de derrotarlo se terminó negociando, o contra Guillermo Lasso, a quien, luego de meses de lucha, se le terminó dando tregua.
La lección es clara: se trata de apostar por la autoorganización desde abajo: asambleas de trabajadores, populares, comités barriales, redes comunitarias, sindicatos que no pacten, organizaciones campesinas e indígenas movilizadas con una política independiente. Solo una fuerza organizada puede enfrentar un proyecto tan agresivo como el de Noboa, capaz de combinar la presión del capital financiero, la fuerza militar y la injerencia extranjera.
La defensa a los derechos de soberanía y contra la injerencia del imperialismo con sus bases militares, de los derechos laborales y sociales, del territorio y de las libertades democráticas exige poner en pie una fuerza independiente y la necesidad de organizarse desde abajo, resistir las imposiciones del imperialismo y construir una salida propia de los trabajadores, campesinos pobres, indígenas y el conjunto de los explotados.
