Saravia Numa
Jaime Pascual Hernández Toral, influencer de Veracruz, está siendo buscado por la Fiscalía del estado por presunta trata de personas. Las autoridades ofrecen 350 mil pesos a quien aporte información confiable sobre su paradero, mientras medios y usuarios siguen de cerca el caso, que ha generado gran atención por su relación con la mujer conocida como Doña Lety.
La polémica se intensificó cuando se viralizaron imágenes de Doña Lety escoltada por la Guardia Nacional. Estas escenas mostraron la gravedad de la situación y pusieron el foco mediático sobre Toral, quien ha negado rotundamente cualquier irregularidad.
La ciudadanía y los medios han estado atentos a los avances de la investigación, mientras la Fiscalía refuerza la colaboración con recompensas y llamados a aportar información confiable.
¿Por qué Veracruz busca al influencer Jaime Toral y cuánto ofrecen de recompensa?
Según la Fiscalía de Veracruz, Toral continúa prófugo y es investigado oficialmente. La recompensa busca incentivar a la ciudadanía para que contribuya con datos precisos, ayudando a localizar al influencer y avanzar en la investigación que apunta a proteger a quienes podrían haber sido víctimas de situaciones irregulares.
¿Qué pasó con Doña Lety y cómo se relaciona con el influencer de Veracruz?
Leticia Gómez, apodada Doña Lety, denunció públicamente que fue retenida mientras participaba en los videos de Toral, situación que duró aproximadamente un año, según sus declaraciones.
La mujer compartió imágenes que la muestran escoltada por la Guardia Nacional, lo que encendió la polémica en redes sociales y medios locales. Toral, por su parte, asegura que no cometió ningún delito, aunque las autoridades consideran que hay suficientes indicios para mantener la investigación y justificar la recompensa.
El caso ha generado un debate sobre la responsabilidad de los creadores de contenido y la protección de personas vulnerables.
Medios locales como Vanguardia Veracruz han seguido de cerca el caso, mientras que la Fiscalía veracruzana recomienda no difundir información no verificada y dejar que las investigaciones sigan su curso, con el objetivo de garantizar un proceso seguro y justo.
