Carolina Fonseca
El proyecto de ley conocido como Ficha Limpia, firmado por el presidente Milei, busca modificar la Ley Orgánica de los Partidos Políticos para impedir que personas con condenas en primera y segunda instancia por delitos de corrupción puedan postularse a cargos públicos.
La propuesta legislativa tiene varios puntos centrales. En primer lugar, establece que ninguna persona puede ser candidata o funcionaria en caso de encontrarse condenada por delitos de cohecho y tráfico de influencias. Estos delitos incluyen malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados y encubrimiento.
Además, la propuesta indica que los condenados tampoco podrán ser funcionarios designados por el gobierno, lo que implica que no podrán ocupar cargos como Jefe de Gabinete de Ministros, Ministro, Secretario, Subsecretario, autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social, integrantes de cuerpos colegiados, personal diplomático en actividad.
La restricción también se aplicaría a la ocupación de lugares como directores de empresas o entes con participación estatal de cualquier clase.
La propuesta establece que el impedimento tendrá efecto a partir del momento en que se dicte la sentencia, siempre y cuando la condena por alguno de los delitos mencionados haya sido confirmada en segunda instancia y dictada antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral. Además, la inhabilitación también se aplicaría si se hubiera confirmado la comisión de al menos uno de los delitos establecidos en la sentencia de primera instancia, aunque se modifique la pena impuesta.
En caso de que la condena en segunda instancia se haya dictado luego del 1° de enero del año en que el proceso electoral se lleve adelante, el supuesto tendrá efecto a partir de la finalización de dicho proceso electoral.
Finalmente, el proyecto también incluye la creación de un Registro Público de Ficha Limpia en la Cámara Nacional Electoral, que contendrá las sentencias de segunda instancia que sean confirmatorias de la comisión de al menos uno de los delitos establecidos en la condena de primera instancia, sus eventuales revocaciones y los datos identificatorios de las personas alcanzadas por dichas sentencias.Combate a la corrupción o hipocresía de la Casta política?
A fines de noviembre de 2024, se discutió nuevamente el proyecto de “Ficha Limpia”, esta vez presentado por el PRO. La promoción del proyecto se dio en el marco de la reciente condena que Cristina Fernández de Kirchner había recibido por la causa de vialidad.
El tratamiento no fue posible por falta de quorum, ya que LLA decidió no apoyar al espacio macrista en la Cámara Baja. Según Guillermo Francos, llevar adelante la sanción de esa ley dejaría la imagen de que era una ley contra Cristina. Por eso, ellos iban a presentar un proyecto propio que determine una norma general para todos.
Tanto el proyecto del PRO como el actual, firmado por el presidente, están construidos con el fin de habilitar maniobras que restrinjan cada vez más la participación democrática.
Se entiende la dinámica de cómo se mueve la Justicia, funcional al poder de turno y a los intereses de la burguesía, y no hay duda de que el proyecto de Ficha Limpia habilite la posibilidad de armar causas a los opositores para que estos no se puedan presentar a cargos públicos, generando un ataque directo a la voluntad del voto popular.
En estos casos, tanto los representantes de los partidos tradicionales como los jueces carecen de parcialidad y de capacidad moral para poder determinar quién es o quién no es corrupto. Y para determinar esto, sobran ejemplos en la historia reciente. Por ejemplo, Macri asumió a la presidencia estando condenado, además de que en su gestión el endeudamiento con el FMI, por 55 millones de dólares, está plagado de irregularidades no investigadas por la justicia.
Para combatir efectivamente la corrupción de la clase dirigente, es indispensable realizar una reforma profunda en el ámbito político y judicial, eliminando los privilegios de estos actores. Desde el MST en el FIT-U proponemos un conjunto de medidas para erradicar estas conductas arraigadas en el sistema actual.
Para esclarecer y enfrentar la verdad en casos de corrupción, proponemos la creación de una comisión investigadora independiente, similar a una “CONADEP de la corrupción”. Esta comisión estaría compuesta por figuras intachables de diversos sectores, expertos en el tema, y tendría acceso a todas las herramientas necesarias para llevar las investigaciones hasta el fondo.
En el ámbito judicial, planteamos que jueces y fiscales sean elegidos por voto popular, con mandatos revocables y salarios acordes a la realidad de los trabajadores. Esto no solo democratizaría la justicia, sino que también pondría fin a los privilegios de este poder.
En el terreno político, nos oponemos a la nueva reforma electoral que busca consolidar un régimen más autoritario y restrictivo, permitiendo la participación solo de los partidos tradicionales.Mejora de la ética política y eliminación de la corrupción en el poder
En un intento por romper con la tradición política y brindar mayor transparencia y honestidad a los dirigentes políticos, se deben implementar una serie de reformas. Esto implica, en primer lugar, que los altos cargos políticos deben recibir un salario igual a aquel del cargo que tendrían un profesional de su campo.
Asimismo, estos políticos deben utilizar los servicios públicos como cualquier ciudadano ordinario, evitando cualquier acceso preferencial o excedentario. Para asegurar la transparencia y honestidad en la administración, estos funcionarios deben presentar declaraciones juradas al inicio y al final de su mandato, para demostrar que no han enriquecido personalmente mientras ejercían el poder.
Además, para garantizar la equidad en el acceso a la toma de decisiones, es necesario establecer límites claros y objetivos a la cantidad de tiempo que puede estar en funciones un político. Un límite razonable podría ser de dos periodos, tras los cuales se debería reintegrar al mundo laboral como cualquier ciudadano común.
Para prevenir y castigar los abusos en la política, también es crucial abordar el financiamiento de las campañas electorales. Debería ser un tema en el que la sociedad y los ciudadanos puedan confiar y que no se convierta en un recurso para compradores de votos y abusadores del poder. Esto podría lograrse a través de un financiamiento estatal igualitario para todas las fuerzas políticas que deseen participar en un proceso electoral.
