Un fallo judicial reciente dejó a miles de “dreamers” -jóvenes inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos siendo menores de edad- sin acceso a la cobertura sanitaria de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) en 19 estados.
La resolución surge tras una demanda presentada por fiscales generales republicanos, quienes buscan impedir la implementación de una regla impulsada por la administración del presidente Joe Biden. Esta medida habría permitido que aproximadamente 147.000 migrantes accedieran a seguros subvencionados.
Estos jóvenes son beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que fue creado en 2012 bajo la Administración de Barack Obama. Esto les permitió a los “dreamers” obtener una suspensión de la deportación y acceder a oportunidades laborales y educativas.
El juez federal Daniel Traynor, designado durante la presidencia de Donald Trump, dictaminó desde Dakota del Norte que los “dreamers” no podrán inscribirse en el sistema de seguros de la ACA mientras el caso continúa en los tribunales. Los demandantes argumentan que otorgar estos beneficios podría fomentar la permanencia ilegal de migrantes y generar costos adicionales para los estados.
La normativa cuestionada había sido creada por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) para ampliar el acceso a la salud. Sin embargo, Traynor afirmó que esta acción excede la autoridad de la agencia, ya que redefine el concepto de “presencia legal” sin la aprobación del Congreso.
Los “dreamers” esperaron años para acceder a servicios médicos esenciales. Nicholas Espíritu, del Centro Nacional de Leyes Migratorias, calificó la decisión como “desalentadora” y prometió continuar luchando por los derechos de esta comunidad.
Los fiscales generales republicanos, encabezados por Kansas y Dakota del Norte, sostienen que permitir subsidios a estos residentes va en contra de las leyes federales. También aseguran que esto podría aumentar la carga financiera para los contribuyentes estadounidenses.
El caso ahora podría avanzar hacia un juicio, lo que determinará si la regla de los CMS puede ser implementada. Mientras tanto, muchos de los implicados permanecen enfrentando obstáculos adicionales para acceder a servicios fundamentales que impactan directamente en su calidad de vida.